El Consejo de Ministros aprobó el 3 de febrero el Real Decreto Ley del escudo social que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador tenga tres o más viviendas.
La prórroga la suspensión de desahucios no afectará a pequeños propietarios
El 27 de enero el Gobierno no obtuvo en el Congreso los votos necesarios para sacar adelante el denominado Decreto Ómnibus, que además de medidas de escudo social, incluía otras de diferente naturaleza, como la subida de las pensiones.
Las negociaciones posteriores con uno de sus socios, el PNV, en busca de su apoyo cristalizó en que la suspensión de desahucios no afectará a los arrendadores que no sean grandes tenedores (tres o más propiedades).
El Partido Nacionalista Vasco considera que los pequeños propietarios muchas veces entran en situación de vulnerabilidad si no se les paga la renta, puesto que el alquiler es parte importante de sus ingresos para complementar el salario o la pensión.
El nuevo decreto modificado fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 3 de febrero y establece que la suspensión de desahucios no incluirá a los arrendadores que posean una o dos viviendas (tanto si reside en una y alquila la otra, como si arrienda las dos y vive de alquiler).
En ese caso, serán los servicios sociales los que deberán de encargarse de los arrendatarios y encontrarles alternativas habitacionales para que no se queden en la calle.
Por tanto, la prórroga de la suspensión de desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional únicamente afectará a determinados propietarios, es decir, aquellas personas que posean tres o más propiedades.
El decreto también establece que los procedimientos de desahucio que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 continuarán suspendidos sin necesidad de una nueva solicitud.
El siguiente paso es la convalidación en el Congreso
El nuevo decreto deberá afrontar una última prueba de fuego para su entrada en vigor. Tendrá que ser convalidado y aprobado en el Congreso en un plazo no superior a los 30 días.
Hoy todo está en el aire, puesto que el Gobierno no tiene asegurados los votos necesarios pese a liberar a los pequeños propietarios de la suspensión de desahucio de inquilinos vulnerables.
La aceptación del partido nacionalista vasco es un paso adelante, pero no todos los socios están por la labor. Junts per Catalunya ha manifestado su negativa. El partido catalán ya se opuso al escudo social el pasado año en una primera votación, pero finalmente dio el visto bueno tras conseguir el compromiso del Gobierno de una línea de avales para caseros ante impagos del alquiler.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez declaró que los servicios sociales de las CC. AA deberán encontrar alternativas habitacionales de forma urgente a los inquilinos vulnerables que, por impago, sean desahuciados de la vivienda perteneciente a pequeños propietarios.
Podemos apoyará el nuevo escudo social del Gobierno pese a criticar los cambios que pactó con el PNV. Lo considera una “chapuza” y no comparte que los pequeños caseros queden fuera de la prórroga antidesahucios. Ione Belarra fue más allá: lo tildó de «pacto criminal«.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) ve bien que se proteja al pequeño propietario, ya que «para miles de familias, la vivienda alquilada no representa un lujo ni un activo especulativo, sino que constituye el complemento imprescindible de una pensión mínima o parte del sustento diario de sus hogares”.
En cambio, considera un grave error “equiparar a un pequeño ahorrador con tres viviendas con los grandes fondos de inversión o entidades bancarias, incluyéndolos a todos en el mismo saco de gran tenedor, facilitando al Gobierno que puedan seguir disponiendo de sus viviendas para hacer la función social del escudo social”.
El nuevo escudo social mantiene una serie de medidas que no pudieron ser aprobadas con el Decreto Ómnibus. Son las siguientes:
- Se extiende al 31 de diciembre de 2026 la prohibición del corte de suministros básicos (energía y agua).
- La prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables.
- Las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano no tributan.
- La exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la Dana.
- Se prorroga la prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
- Ayudas fiscales para la inversión en eficiencia energética en viviendas, la compra de vehículos eléctricos o instalación de cargadores en el hogar.
